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Hacienda rastrea por tierra y aire obras no declaradas en 207 municipios valencianos

«Si pagamos todos, pagamos menos». Esta sencilla premisa es la que ha llevado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a impulsar este año un intenso plan de regulación catastral, «un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados», según explicaron fuentes del propio Gobierno central.

Esta iniciativa, que arrancó en España en octubre de 2013 pero que no llegó a la Comunitat hasta marzo del pasado año, pretende sacar a la luz, por ejemplo, casas de campo que han ampliado su superficie con alguna nueva habitación, chalés que ha incluido en su estructura una buhardilla o, incluso, otra planta más; o pisos donde se ha llevado a cabo una reforma integral sin que, en ninguno de los casos, haya sido notificado correctamente al catastro inmobiliario.

Hasta el momento, las inspecciones llevadas a cabo por la Dirección General del Catastro se han centrado en más de 3.000 municipios españoles, 207 de ellos ubicados en tierras valencianas, pero la vigilancia pretende extenderse a prácticamente la totalidad de las localidades, inspecciones que terminarán de llevarse a cabo entre este año y el próximo 2016.

Los técnicos de Hacienda encargados de desarrollar las inspecciones, además de las tradicionales visitas personales, cuentan con la ayuda de medios aéreos que, a través de ortofotos, verifican si las construcciones captadas concuerdan con la realidad declarada en el catastro.

La batida de inspecciones no hace distinciones de ningún tipo. Desde localidades costeras tan turísticas como Benidorm, Dénia o Cullera, a otras de interior como Requena, pasando por capitales de provincia como Alicante o Castellón de la Plana. El objetivo último es recuperar la maltrecha economía de los ayuntamientos, con una inyección de nuevos impuestos como el IBI, aunque desde Hacienda matizaron que «esto no implica necesariamente un aumento de recaudación, puesto que la afloración de inmuebles no declarados puede permitir a los consistorios rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar por ello sus recursos totales, ya que habrá más contribuciones».

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